Por Antonio Soto, presidente de Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Los atentados incendiarios en la región de Los Lagos se están haciendo más recurrente, a pesar de las condenas transversal de las autoridades de Gobierno, que no han encontrado freno a estas acciones, donde la presentación de las querellas en cada uno de estos incidentes no han logrado ningún detenido.
Así se dio a conocer en el primer comité ejecutivo de SOFOFA desarrollado en Puerto Montt, y que sirvió para abordar una de las mayores preocupaciones regionales, como la seguridad y crimen organizado.
Esta falta de resultados concretos evidencia la ineficacia de las medidas actuales y la urgente necesidad de una estrategia más robustas para la provincia de Osorno, por lo que la necesidad de tomar medidas preventivas para mejorar la seguridad, sería evaluar la implementación del Estado de Excepción Constitucional.
Este enfoque no sólo fortalecería la seguridad en la región, si no que también enviaría un mensaje claro de que el Estado está dispuesto a utilizar todos los recursos a su disposición para garantizar la paz y la estabilidad.
Este régimen ofrece una estructura legal, que permitiría una respuestas más contundente y organizada antes esta ola de violencia, donde la jefatura sería asumida por un órgano de las Fuerzas Armadas, que cuentan con mayor inteligencia, capacidades logísticas y equipamiento tecnológico para abordar las problemáticas de manera eficaz.
En otras regiones ya se han visto resultados positivos con la implementación de medidas similares, con inculpados que han pagado con cárcel por formar parte de estos grupos delictivos, demostrando que contar con capacidades instaladas de inteligencia y tecnología de Estado de Chile, puede traducirse en mayor seguridad para la población.
Este precedente refuerza la justificación para adoptar medidas similares en Los Lagos, donde la industria maderera, vital para la economía local, se encuentra bajo asedio constante.
El impacto de los atentados en la provincia de Osorno es palpable. En 2022, hubo tres atentados en San Juan de la Costa, afectando a cinco maquinarias. La situación empeoró el 2023, con cinco atentados: uno en Osorno, tres en San Juan de la Costa y uno en Río Negro, resultado en diecisiete maquinarias dañadas.
La tendencia continuó en 2024, con dos atentados en Río Negro que afectaron a veintitrés maquinarias. Esta escalada de violencia y destrucción no solo golpea a las empresas forestales, sino que también amenazan la seguridad y el sustento de los trabajadores y sus familias.
La necesidad de un Estado de Excepción en Los Lagos es evidente. La protección de la industria maderera y la seguridad de sus trabajadores deben ser una prioridad, que al implementar esta medida, no solo ayudaría a frenar la ola de violencia, si no que también proporcionaría una estructura de respuestas más eficiente y efectiva.
La comunidad de Osorno y sus alrededores merecen vivir en paz y seguridad, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarlo.
0 Comentarios